Poco reflexionamos los historiadores sobre nuestra disciplina, pero tal vez menos acerca de las condiciones en que realizamos nuestras tareas. Una de estas se refiere a las circunstancias en que llevamos adelante el trabajo de recopilación de información y su análisis. En una disciplina en la que las fuentes históricas son de vital importancia para poder establecer los hechos históricos, la reflexión en torno a la accesibilidad a la información documental y otras fuentes debería ser una constante para brindar a los estudiantes y jóvenes colegas las experiencias que les permitan afrontar casos similares.
Esto es especialmente válido en lo referente a la historia o memoria histórica de los grupos populares o subalternos, como muy bien lo subrayan Carlos Aguirre y Javier Villa-Flores en la Introducción a este volumen. Los archivos se crean como parte del proceso de formación del Estado y, en particular, del Estado moderno y por consiguiente se privilegia la documentación política, administrativa, fiscal, militar y religiosa. Sin embargo, filtros políticos e ideológicos funcionan para restringir la información que realmente se conserva y se pone a disposición de los investigadores.
Además de estas dificultades, empero, se tienen otros factores que inciden en la disponibilidad de las fuentes en archivos y bibliotecas. En efecto, el acervo documental y bibliográfico atraviesa a veces por circunstancias naturales o humanas que impiden su acceso en archivos y bibliotecas: deterioro por hongos, humedad, negligencia, falta de interés entre las autoridades, ausencia de consciencia archivística, insurrecciones y guerras internas y externas, pérdida, robo y tráfico ilegal de documentos, incendios, terremotos, inundaciones y un largo etcétera que apunta a las condiciones muchas veces precarias de la administración de los archivos históricos y las bibliotecas.
Esta realidad es la que llama la atención de los editores del libro comentado que reúnen las ponencias de un panel en la conferencia anual de la Asociación de Historiadores Norteamericanos (AHA, 2012) para discutir de manera especial la situación de los archivos pero con énfasis en la información que se perdió y fue posible recuperar y que resulta central para el estudio de la historia. De la inmensa cantidad de posibilidades, los casos que aquí se reúnen son de gran valor pues muestran las vicisitudes de fondos documentales y bibliográficos que se daban por perdidos de manera definitiva y que han podido ser recuperados gracias a acciones de investigadores y agentes políticos y sociales que los buscaban. Uno de los aciertos de esta compilación es que todos los casos mostrados son muy relevantes.
Dicho esto, se debe señalar que hay diferencias en las circunstancias en que se perdió la información y un nuevo gran acierto de la publicación es el énfasis en los casos en los que la pérdida significaba la privación de conocimiento de un aspecto central para la memoria colectiva de un país, de una nación, y que la pérdida se debía a acciones intencionales para silenciar el pasado en un tema dado. Es decir, se trata de lo que una de las autoras denomina “guerra de archivos” (Kirsten Weld, 230) y su relación con intereses políticos y nacionales y la construcción de la memoria colectiva e histórica.
Los capítulos de la compilación se refieren a diversas experiencias de archivos perdidos, desconocidos, hallados o, inclusive, creados. Sobre archivos desconocidos trata el aporte de Javier Puente, quien cuenta las vicisitudes que él pasa para hallar la documentación de la comunidad San Juan de Ondores (el pueblo Sóndores colonial) en la sierra central peruana en búsqueda de su reconocimiento por el Estado en 1937–1940. Logra su cometido gracias a la colaboración de los propios comuneros una vez que “rompieron el hielo” de las suspicacias provocadas por un investigador forastero.
Cuatro ensayos se refieren a archivos perdidos por robos, saqueos e incendios. Estos aportes van desde los papeles de la inquisición limeña saqueados por historiadores, muchedumbres y, sobre todo, las tropas de ocupación durante la Guerra del Salitre con Chile (1879–1883) (Pedro Guibovich) y la pérdida de buena parte de los materiales bibliográficos y documentales de la antigua Biblioteca Nacional del Perú en el mismo episodio bélico mencionado y en el incendio de 1943 (Carlos Aguirre), al intento por deshacerse de la información sobre esclavos en el Brasil de los tiempos de la abolición (1888–1891) y a la destrucción de la Cineteca Nacional de México por el fuego en marzo de 1982.
Pese a que se consideraba que con la destrucción deliberada de la información probatoria de propiedad era imposible estudiar la esclavitud, la historiadora Amy Chazkel muestra el desarrollo de la historiografía brasileña sobre la esclavitud como una de las más ricas del mundo (63). La falta de documentación sobre propiedad hace que los historiadores presten atención a las condiciones de vida de los esclavos, los libertos y las condiciones de emancipación gracias a información notarial y judicial.
De otro lado, en el siniestro de la cineteca se perdieron unas tres mil películas mexicanas consideradas parte del acervo cultural de la nación, además de libros, guiones y otros documentos sobre la cinematografía y la censura. Villa-Flores busca responder a las preguntas que siguen en pie debido a la diversidad de explicaciones dadas sobre el siniestro, centrándose en la versión oficial sobre la autodestrucción del archivo de celulosa al dar cuenta de las explicaciones referentes a la “crisis” que México vivía en la década de 1980. Esto es resaltado por Villa-Flores, pues la tragedia cuestiona las relaciones entre el Estado mexicano y la ciudadanía en materia de política cultural y económica.
Los otros tres capítulos de la compilación están dedicados al acceso de materiales documentales sobre la guerra interna en Argentina y Guatemala. En este caso, se trata no de recuperar sino de crear archivos a partir de informaciones de personas e instituciones de la sociedad civil, y de fragmentos escondidos en depósitos en cuarteles y comisarías y que eran sistemáticamente negados por las autoridades militares, policiales y políticas.
Lila Caimari y Mariana Nazar dan cuenta del descubrimiento y la puesta en uso del archivo de la dirección de inteligencia de la policía de Buenos Aires en 1998, usando la metáfora de que se ubica “detrás de una puerta gris” y es el “archivo de la represión”. Sin embargo, las autoras están más interesadas en el desarrollo de la archivística argentina (cuyo auge es ubicado por ellas durante la dictadura militar, 1976–1983) cuando el Archivo General de la Nación edita una revista de calidad, organiza eventos de capacitación para archiveros y da una normatividad para el funcionamiento de archivos vigente hasta la actualidad (125–126).
Los otros dos aportes, más bien, tratan de los avatares de dos naciones en búsqueda de dar cuenta de su pasado reciente de violencia estatal y subversiva a través de la ubicación de información y su organización en archivos públicos. Emilio Crenzel plantea la importancia de la creación del archivo de la memoria a partir de 1983 tras la caída de la dictadura en Argentina. El archivo de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas (“Nunca Más” o “Comisión Sábato”), el Archivo Nacional de la Memoria (2003) y, sobre todo, la Memoria Abierta (1999) han posibilitado documentar que la represión política e ideológica consistió en una política sistemática de secuestros, tortura, asesinatos y desapariciones forzosas perpetradas por la dictadura militar (1976–1983). Crenzel presenta el proceso de formación de los repositorios a partir de la iniciativa de los denunciantes de los crímenes sistemáticamente negados por la dictadura. Así, se reúne gran cantidad de declaraciones escritas y orales, fotografías y expedientes de personas, organizaciones de defensa de derechos humanos y de los mismos organismos de represión. Pero, también se documenta la persistente negativa de entregar documentos, tal como es el caso de los archivos de la DIPBA en Buenos Aires (176) a pesar del tiempo transcurrido desde el mandato de su desclasificación. Esto último muestra el creciente desinterés desde la década de 1990 del Estado por colaborar proporcionando información y los intereses detrás de los obstáculos para acceder a la justicia que claman los deudos de las víctimas de la violencia.
El otro caso es mostrado por Kirsten Weld y trata de los archivos de la guerra interna en Guatemala (1960–1996). Encontrados de manera casual en el año 2005, los archivos de la Policía Nacional se convirtieron en una fuente inigualable para conocer los hechos de la represión en contra de activistas opositores a las dictaduras militares en América Latina. Weld presenta la historia de la puesta en uso de estos materiales en medio de las tensiones de la posguerra entre quienes buscaban conocer y poner los cimientos de una memoria histórica colectiva basada en la justicia y quienes preferían negar los crímenes favoreciendo la impunidad para los autores de asesinatos, desapariciones, torturas, violaciones sexuales y venta de niños en adopción (la inmensa mayoría, indígenas de origen maya). Se destaca que el fracaso del ofrecimiento hecho en febrero del 2009 por el presidente Colom de abrir todos los archivos militares es un síntoma claro del poder que mantienen los militares en el país a pesar de la apertura democrática.
Estos últimos ejemplos estudiados en el volumen se refieren a la información que las dictaduras latinoamericanas han pretendido (y logrado) mantener fuera del escrutinio público. Aquí se entiende la declaración de los editores—siguiendo a Michel-Rolph Trouillot y Jacques Derrida—acerca de la relación entre el acceso a los archivos y la historia de los sectores populares y subalternos y los grados de democratización de las sociedades latinoamericanas (23–24). En suma, una bien lograda compilación de casos referentes no solo a la cotidianidad de los investigadores en su búsqueda de información documental, sino a la búsqueda que realizan países enteros por encontrar explicaciones a problemas sociales, políticos, ideológicos y culturales que traban su conversión en naciones modernas solidarias y prósperas.
